Politica Ambiental

Politica Ambiental

Estas acciones deberían tener algún sustento institucional, deberían tener cierta escala, de tal forma que sea posible identificarlas en el territorio o en los sujetos sociales a los cuales se dirige y deberían tener algún referente temporal considerable. Seguramente, junto a acciones que se apegan a estos criterios, habrá muchas otras que son tan fugaces que no llegan a identificarse y que no tienen ningún impacto pero también  son motivo de erogación de recursos públicos.

Bajo esta lógica, la Política Ambiental de Guatemala, con referencia al complejo natural bosque, biodiversidad, suelo, atmosfera y agua, es tan  simple como pobre. En materia de bosques, se promueve manejo forestal por intermedio de licencias y concesiones y se otorgan incentivos financieros para establecer plantaciones. El resultado, la utilización anual de más de 30 millones de metros cúbicos de madera cuando lo que se autoriza por INAB y CONAP no supera un millón de metros cúbicos; una deforestación bruta de más de 100,000 hectáreas anuales de bosque natural; una superficie de plantaciones útiles para la reactivación de la industria forestal que difícilmente alcanza 50,000 hectáreas en total. Pese a todo, el INAB es una entidad con un importante potencial para asumir su mandato si se le fortalece. En materia de biodiversidad, se ha establecido formalmente el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP. Impactante en términos de escala pues alcanza casi el 32% del territorio nacional pero cuenta con un presupuesto real que apenas representa el 10% del ideal. El resultado, abundantes áreas sin presencia, manejo deficiente, deforestación sostenida y aislamiento. Pese a todo sigue teniendo los conglomerados boscosos más grandes y mejor conservados que aún quedan en Guatemala y cuenta con el respaldo de importantes organizaciones co-administradoras. En materia de suelo, con todo lo que representa para la producción agropecuaria nacional, no hay ninguna acción que merezca destacarse.  El resultado, agotamiento de su capacidad productiva y pérdida por erosión en cantidades monumentales. Eso sí, las acciones en materia de extracción de recursos del subsuelo –minerales e hidrocarburos– son cada vez más favorecidas por las políticas públicas.  En materia de protección atmosférica, tampoco hay algo que valga la pena mencionar, pese a que las emisiones de gases contaminantes y con efecto invernadero –principalmente dióxido de carbono– pasaron de 0.5 toneladas por persona en 1990 a 2.3 toneladas por persona en 2006. En materia de gestión del agua no existen acciones importantes para garantizar la estabilidad del ciclo hidrológico así como el almacenamiento y la conducción de tal forma que sea posible satisfacer adecuadamente todas las demandas sociales, observando los caudales ecológicos. La acción pública se concentra, con un enfoque eminentemente extractivo,  en  la provisión de agua potable, rubro que corresponde solo al 2.5% del agua que se consume a nivel nacional.

Si pasamos revista a otros ámbitos como el de las zonas marino-costeras; la  gestión de residuos sólidos y líquidos y la adaptación a cambio climático, podemos decir con certeza y pesar que no hay acciones que puedan destacarse. En el primer ámbito, aunque hay algunas áreas protegidas marino-costeras, estas están sujetas a las carencias ya citadas anteriormente. La superficie de manglares sigue reduciéndose y deteriorándose cualitativamente. En materia de energía, recordemos que el 84% de las necesidades energéticas nacionales se atienden con el uso de leña. Sin embargo, no hay acciones destacables para asegurar estas necesidades de manera ordenada y sostenible, mucho menos acciones encaminadas a dotar de energía moderna a la población que hoy depende de la leña. Para hacer más complejo el panorama, las necesidades en materia de energía eléctrica están lejos de atenderse a través de una estrategia inteligente de optimización de la disponibilidad actual  y de diversificación con fuentes renovables, incluidas las hidroeléctricas pequeñas y medianas.

En sus diez años de existencia, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, prácticamente ha sido un espectador más de la crisis ambiental nacional, que se ha ido moldeando al ritmo de todo tipo de dinámicas económico-sociales. Yo pensaría que las autoridades que han pasado por el MARN se han dedicado a disfrutar del  buen ambiente que generan los viajes, las reuniones, las recepciones y todo tipo de actividades inútiles que para nada se relacionan con la realidad ambiental que prevalece en los cuatro puntos cardinales del país. Paralelamente,  han tenido ocupados a unos cuantos miles de usuarios pidiéndoles sus Estudios de Impacto Ambiental que luego no puede hacer cumplir porque no tiene las capacidades.

Bajo este panorama y mientras que la política pública activa se mantenga en el nivel de importancia que hoy alcanza, solo es cuestión de tiempo para que se intensifique la crisis ambiental y el consecuente recrudecimiento de nuestra vulnerabilidad sistémica. 

Así las cosas, es francamente urgente  que el Gobierno del presidente Pérez Molina nos informe cual será la política pública ambiental que impulsará. Para dónde iremos en estos cuatro años. Qué plantea el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Van a ejecutar acciones para revertir o al menos detener todos estos procesos de agotamiento, deterioro y contaminación ambiental o van a seguir siendo espectadores?